El gobierno peruano defendió este martes su decisión de retomar la distribución gratuita de la píldora del día siguiente por considerarla legal, pese a la protesta del Tribunal Constitucional, que la prohibió en octubre.

La decisión, oficializada por un decreto publicado este martes en la gaceta oficial, abre un frente del gobierno contra el Tribunal Constitucional (TC), la jerarquía de la iglesia Católica --opuesta radicalmente a que se distribuya el fármaco-- y los sectores más conservadores de la sociedad peruana.

La medida incluso podría generar un roce en el gabinete ministerial donde el ministro de Defensa, Rafael Rey, una figura del Opus Dei y miembro del ala dura del gobierno, es un severo opositor a la píldora del día siguiente.

Por su parte, organizaciones feministas y de derechos humanos saludaron la postura del gobierno en favor del fármaco.

``No tenemos por qué dar ninguna marcha atrás, estamos actuando dentro del marco de la propia sentencia del TC y defendiendo la salud de las mujeres peruanas'', advirtió el ministro de Salud, Oscar Ugarte.

En octubre pasado el tribunal prohibió la distribución gratuita que hacía el Estado del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOL) conocido como píldora del día siguiente, argumentando que hay indicios de que sería abortiva. Sin embargo, el TC permitió su venta en establecimientos privados de salud.

Carlos Mesía, vicepresidente del TC, estimó que volver a repartir la pastilla es un ``abierto desacato a una sentencia del TC que significa pasar de la civilización a la barbarie y constituye un golpe de Estado''.

``Eso es una broma'', respondió Ugarte al afirmar que el gobierno lo que hace es acatar la misma sentencia del TC'', por lo tanto no es ningún golpe de Estado''.

Ugarte explicó que el fallo del TC señala explícitamente que son las autoridades competentes las que deberán cerciorarse hasta tener grado de certeza de que el fármaco tiene beneficios y no daña la salud de las mujeres antes de volver a autorizarla.

``El ministerio de Salud es la autoridad competente y hemos consultado a la más alta autoridad a nivel mundial en salud, que es la OMS (Organización Mundial de la Salud), y nos ha respondido afirmando que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva'', subrayó.

Luego añadió que con esa certeza se decidió volver a repartir gratuitamente la píldora ``en acatamiento de la propia sentencia del TC''.

El magistrado Mesía insistió en que se trata de ``una abierta violación a la división de poderes'' e invocó al presidente, Alan García, para que se pronuncie al respecto.