La Asamblea Legislativa de Bolivia, dominada por el oficialismo, aprobó el domingo una polémica ley del presidente Evo Morales que intenta impedir que los gobernadores opositores reelegidos puedan ejercer sus cargos.

Se trata de una norma sobre autonomías aprobada en la Cámara de Diputados al mediodía, tras 18 horas de debate, después de que el Senado hiciera lo propio el viernes, de acuerdo con fuentes oficiales.

La ley, que será promulgada este lunes por Morales, establece que los gobernadores pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen acusaciones penales de jueces.

Contra el reelegido gobernador del departamento de Tarija (sur), el opositor Mario Cossío, hay 25 denuncias; contra el de Santa Cruz (este), Ruben Costas, hay nueve, y en el caso de la máxima autoridad de Beni (noreste), Ernesto Suárez, hay dos acusaciones.

Las denuncias contra los tres opositores han sido planteadas ante la Justicia por el Gobierno de Morales. Una de las acusaciones contra Costas es por haber financiado en el 2008 un referendo sobre estatutos autonómicos, al igual que hicieron sus colegas en Tarija, Beni y Pando (norte), y que fueron procesos que Morales desconoció por considerarlos ilegales y separatistas.

Todos los gobernadores elegidos en los comicios del pasado 4 de abril, los seis oficialistas que ganaron en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Pando, y los tres opositores citados, deben jurar sus cargos el próximo día 30.

En declaraciones a los medios estatales, el mandatario destacó hoy que la norma es para que ``no hayan nuevos corruptos'' entre los nueve gobernadores del país.

A su juicio, si los gobernadores opositores reelegidos están organizando movilizaciones contra la ley se les puede considerar como ``corruptos confesos anticipadamente''.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Héctor Arce, dijo que ``no habrá más impunidad en Bolivia'' y todos los gobernadores deben responder ante la Justicia si cometen delitos.

``Los que deban a la Justicia, que teman'', apuntó Arce.

Los opositores señalaron que la ley atenta contra el mandato de las elecciones regionales.