El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los indígenas, James Anaya, pidió al Estado guatemalteco aprobar una ley que regule las consultas de los pueblos indígenas sobre la explotación minera.

``El Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas en relación con toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente, y en particular en relación con todo proyecto de inversión de infraestructuras o de explotación de los recursos naturales'' en sus territorios, afirmó Anaya en rueda de prensa.

El relator de las Naciones Unidas concluyó el viernes una visita oficial de cinco días en este país centroamericano, durante la cual verificó decenas de denuncias de organizaciones indígenas sobre la violación de sus derechos por parte del Estado al otorgar, sin consultarles, licencias de explotación a compañías mineras.

Según Anaya, aunque el Estado guatemalteco ha ratificado los instrumentos internacionales que le obligan a consultar a las comunidades indígenas, no lo hace debido a ``la existencia de un alto grado de ambigüedad y confusión'' generado por la falta de una ley interna que regule esa práctica.

Las organizaciones indígenas reclaman que el Estado proteja sus derechos colectivos de defender sus territorios de la contaminación ambiental generada por la explotación minera.

Esa situación, anotó Anaya, ha generado ``un clima de alta inestabilidad y conflictividad social'', que perjudica no sólo a los pueblos indígenas sino también a las autoridades y las empresas mineras.

``Existen problemas muy serios que tienen que ser necesariamente enfrentados por el Gobierno de Guatemala antes de que puedan llegarse a situaciones de mayor conflictividad como las que se han dado en otros países'', preció el relator.

Para ello, Anaya recomendó a las autoridades abstenerse de otorgar nuevas licencias de exploración y explotación minera, ``por lo menos hasta que se desarrolle una ley que regule la consulta con los pueblos indígenas''.

Además, pidió al Gobierno ``cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos'', y atender la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, de suspender las actividades de una mina de oro en el oeste del país.

Se trata de la mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, una concesionaria de la canadiense Gold Corp, que según los habitantes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, ha provocado ``irreparables'' daños a la salud y medio ambiente de la comunidad.

``El Estado debe acatar las resoluciones de la CIDH'' y revisar ``con objetividad e imparcialidad'' las denuncias relativas a los impactos negativos de la mina sobre la vida de las comunidades indígenas, agregó.

Previo a concluir su visita al país, Anaya se entrevistó con el presidente Alvaro Colom y altos funcionarios de su Gobierno, a los que presentó un informe preliminar sobre sus conclusiones y recomendaciones, pero ninguno se ha pronunciado al respecto.