Un regreso del ex presidente Manuel Zelaya a Honduras sería, para algunos analistas, una solución a la crisis política; mientras que para otros no haría más que exacerbar la crispación que reina en ese país desde su derrocamiento en junio del 2009.

El regreso de Zelaya es una de las condiciones que impone el grupo de países liderados por el padre del Socialismo del Siglo XXI, el presidente venezolano Hugo Chávez, y entre los que figuran Argentina y Brasil, para permitir el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue suspendido tras el golpe de Estado.

``El problema se resuelve de manera muy importante con la vuelta de Zelaya'', dice Francisco Rojas, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Sociología (FLACSO).

``Eso abriría la puerta para un acuerdo en la OEA y en el Fondo Monetario Internacional (FMI)'' para que le puedan llegar recursos financieros frescos a este país, que en dos meses podría tener incluso problemas para pagar salarios a los funcionarios públicos, agregó el analista.

Zelaya podría convertirse en un puente para resolver la crisis política entre la tenaz Resistencia al golpe de Estado y el gobierno del presidente Porfirio Lobo.

La Resistencia sigue reclamando una Asamblea Constituyente --la causa del golpe de Estado-- y desconoce a Lobo, mientras que el mandatario no ha logrado domeñar al ala más recalcitrante de su propio grupo, el Partido Nacional, donde persisten --según el propio Lobo-- intentos golpistas.

Zelaya no solo no tiene garantizada al 100 por ciento su seguridad en Honduras sino que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía --que hace un año ordenaron su expulsión del poder-- se ciernen como una espada de Damocles sobre el ex presidente, que podría ser encarcelado en cuanto ponga los pies en el país.

Aunque sea favorecido por una amnistía a los delitos políticos contemplado en el acuerdo de Guaymuras (alcanzado el 30 de octubre pasado entre el gobierno de facto de Roberto Micheletti y representantes de Zelaya), sobre el ex presidente penden acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos a través de abuso de la autoridad, recuerda el abogado German Leitzelar.

``Su obligación es presentarse a los tribunales como cualquier ciudadano y será la justicia la que decida si es juzgado o no por ellos'', afirmó Leitzelar, quien no cree que un regreso de Zelaya sea la ``solución ni la conclusión'' de la crisis que desde hace un año afecta a Honduras.

La crisis obedece a la ``injerencia externa'', estima este letrado y diputado socialdemócrata, quien apoyó la expulsión de Zelaya del poder.

La solución de la crisis pasa por ``resolver la problemática social y económica y tomar las decisiones correctas'' por parte del gobierno, considera Leitzelar.

Muchos señalan la necesidad de un acuerdo en el Congreso para cambiar a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, que recientemente expulsó a cinco jueces críticos con el golpe de Estado, confirmando los temores de una parte de la población acerca de que nada ha cambiado en el país tras la llegada de Lobo al poder en enero pasado.

A ello se suma la fuerte presencia militar al frente de instituciones que en los últimos años habían sido feudo de civiles, como la compañía telefónica Hondutel, Migración, la Aeronáutica Civil y la Marina Mercante.

La polarización sigue intacta un año después del golpe. Para este domingo y lunes están previstas varias manifestaciones y actos de la Resistencia.

Asimismo, el lunes se instalará una Comisión de Verdad paralela a una comisión oficial, que pretende hacer su propia investigación del golpe de Estado y de las violaciones de los derechos humanos contra opositores.

En esta nueva comisión participan personalidades internacionales, como los premios Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.