Francisco Dall'Anese, fiscal general de Costa Rica designado este miércoles como nuevo director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es reconocido por su firmeza contra la corrupción y el crimen organizado.

El abogado de 50 años reemplazará al español Carlos Castresana, quien renunció alegando ``ataques sistemáticos'' contra él y la labor de la Cicig, organismo con aval de la ONU responsable de eliminar la corrupción dentro del aparato judicial de Guatemala.

En su currículo figura el antecedente nada despreciable de haber enviado a la cárcel, por corrupción, a dos ex presidentes de Costa Rica.

Desde el momento en que asumió el cargo, el 1 de diciembre del 2003, Dall'Anese dio muestras de su decisión de darle a la Fiscalía un papel más activo, emprendiendo acciones para esclarecer dos casos criminales que tuvieron gran impacto en Costa Rica: los asesinatos de la periodista Ivannia Mora y del productor radial Parmenio Medina.

A raíz de sus pesquisas fue detenido un periodista y empresario uruguayo como sospechoso del asesinato de Mora, mientras como presuntos responsables del crimen de Medina fueron capturados y acusados un empresario costarricense y un sacerdote católico muy influyente por su presencia en los medios de comunicación.

En octubre del 2004, Dall'Anese sorprendió de nuevo al detener al ex presidente Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), a la sazón secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a quien bajó esposado de un avión y lo condujo en una ``perrera'' (un carro para el transporte de reos comunes) a una prisión estatal.

Rodríguez, acusado de recibir comisiones ilegales de la transnacional francesa de telecomunicaciones Alcatel, a cambio de un contrato millonario para la adquisición de equipos telefónicos, enfrenta actualmente un juicio oral y público por esos hechos.

Otro ex presidente, Rafael Angel Calderón (1990-1994), también fue detenido y encarcelado por orden de Dall'Anese y en octubre del 2009 fue condenado a cinco años de prisión, también por recibir comisiones ilegales de una empresa finlandesa que vendió equipos médicos a la estatal Caja Costarricense del Seguro Social.