La petición de indultos masivos de la Iglesia Católica al presidente Sebastián Piñera complica al mandatario porque la seguridad ciudadana es un pilar de su gobierno, y la centroizquierda no apoyará el beneficio si incluye a violadores a los derechos humanos.

``Para los violadores a los derechos humanos no puede existir posibilidad de indulto bajo ninguna circunstancia porque los crímenes de lesa humanidad no pueden estar sujetos ni a amnistía, ni a prescripción, ni mucho menos a indultos'', afirmó el lunes Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Agregó que ``sería una muy mala señal, un retroceso y un beneficio absolutamente injusto para quienes han sido condenados''.

La mayoría está condenado por asesinatos y secuestros. Y aunque los procesados son unos 600 militares retirados, no más de 150 están cumpliendo penas de cárcel.

Los abusadores de los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) están en dos cárceles especiales, sin el hacinamiento de los penales comunes.

Una de las prisiones para militares está al interior del Regimiento de Telecomunicaciones, y consiste en un conjunto de cabañas, algunas de ellas ocupadas sólo por dos oficiales jubilados, disponen de televisión por cable y hasta pueden recibir almuerzos desde sus casas.

``Tienen penas bajísimas con relación a los crímenes cometidos. Basta ya de beneficios'', clamó García. Un reportaje del diario La Tercera señaló el domingo que las fuerzas armadas enviaron una nota a Piñera pidiendo un gesto de ``clemencia'' para los uniformados, reos enfermos y ancianos.