Cientos de migrantes indocumentados del Caribe, Centroamérica y Sudamérica aprovecharon este viernes un permiso especial, dictado por las autoridades panameñas, para regularizar su residencia en el país.

Las autoridades dieron este viernes un plazo de tres días para que miles de migrantes indocumentados que viven desde hace más de dos años en el país regularicen su residencia, informó el Servicio Nacional de Migración.

La apertura de este proceso provocó una avalancha de migrantes a realizar los trámites en el centro de convenciones Atlapa de la capital de Panamá, que ha ganado fama como la ``Dubai de América Central'' al atraer a migrantes de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe por la solidez de su economía, una de las de mayor crecimiento de la región en la última década.

``Tenemos un estimado que pueden asistir en las 72 horas de trabajo que vamos a realizar entre 12,000 y 15,000 personas'', afirmó la directora nacional de Migración, María Cristina González.

``En Panamá estimamos que puede haber alrededor de 100,000 a 200,000 personas irregulares'', agregó González.

Sin embargo, quienes regularicen sus papeles deben pagar una multa, que va desde $765 a $2,600, dependiendo de su país de origen, salvo los menores de 18 años, que sólo tendrán que pagar $15 por una cédula de identidad y el trámite.

``Si se está dando la oportunidad de vivir en Panamá de manera legal y se está laborando donde se está devengando un salario, es justo que la persona asuma responsabilidades y aporte al fisco para poder tener mejores hospitales y escuelas'', dijo González al canal Telemetro.

La funcionaria dijo que si bien no habrá facilidades para pagar, las trabajadoras sociales de Migración harán evaluaciones socioeconómicas de los migrantes para ver si no cuentan con los recursos para cancelar la multa y se le pueda hacer ``un reajuste''. Las autoridades creen que la mayor cantidad de migrantes indocumentados en el país son colombianos.

Unos 450 funcionarios trabajarán hasta el domingo para regularizar a los migrantes que residan en la capital metropolitana y en el vecino distrito de San Miguelito. El proceso seguirá en el resto del país en los próximos meses.