La cuestionada demanda de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt para exigir al Estado una compensación económica por su secuestro puso al descubierto que no sólo ella ha pedido ese resarcimiento, sino también que algunas organizaciones dan la razón a quienes lo han hecho.

``Reconocemos el derecho que tienen las víctimas de demandar'', afirmó Claudia Llano, portavoz de la Fundación País Libre, una ONG que trabaja en la ``prevención y lucha contra el secuestro, la extorsión, la desaparición forzada, y otras privaciones ilegales de la libertad''. Los colombianos se enteraron por el millonario pedido de Betancourt ($6.84 millones), que despertó una amplia polémica y lluvia de críticas, que otro puñado de ex rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también demandaron al Estado por su cautiverio.

Sin embargo, las condiciones de cómo fueron secuestrados estos querellantes difieren de las de la ex candidata presidencial, que finalmente y ante el aluvión de críticas desistió de presentar su acción de conciliación.

``Yo no me arriesgué, a mí no me sacaron de un burdel, a mí me sacaron del centro de la ciudad. Yo estaba trabajando en el centro de Cali y el Estado no me prestó la seguridad'', señaló el ex diputado Sigifredo López, quien permaneció más de siete años secuestrado.

Algo similar dijo el congresista Jorge Géchem Turbay, tomado cautivo después de que un comando de las FARC, en una operación propia de una película de acción, forzó el aterrizaje de un avión de línea comercial en una carretera y apeó al político en el sur de Colombia para llevarlo a la selva y mantenerlo cautivo siete años.

La Fundación País Libre ``reconoce el derecho que le asiste a cualquier colombiano de hacerlo'' (demandar) y ``es la justicia la que debe decidir''. Pero en el caso de Betancourt y de los otros políticos, anotó Claudia Llano, portavoz de esa ONG, ``hay una distancia, hay diferencias''. Betancourt ``contaba con un esquema de seguridad, se le advierte de que no viaje, le hacen firmar un documento'' en el que las autoridades salvan responsabilidades, pero ella ``decide seguir adelante y por ello nos sorprendió su demanda'', agregó.

En cualquier caso, subrayó Llano, ``es un tema de altísima complejidad y hay que poner en su justa dimensión el conflicto colombiano. Lo más importante es que la voz de las víctimas se escuche, se demande a los actores ilegales que los secuestraron y estos sean condenados internacionalmente''.

El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, uno de los fundadores de País Libre hace 14 años, señaló que pese a que fue víctima de secuestro, ``jamás'' se le ocurriría demandar al Estado.

El 18 de septiembre de 1990, cuando era jefe de redacción del diario El Tiempo, Santos fue secuestrado por el ya desarticulado Cartel de la cocaína de Medellín, que lo mantuvo cautivo ocho meses para presionar al gobierno de César Gaviria (1990-1994) de que no extraditara a narcotraficantes.