Mientras el Gobierno de Ricardo Martinelli informó el domingo de millonarias inversiones en la provincia panameña de Bocas del Toro, escenario de disturbios por la demanda de derogar la ley 30, gremios organizados anunciaron un nuevo paro y protestas en agosto si no se elimina la polémica norma legal.

Los incidentes de la semana pasada en la ciudad occidental panameña de Changuinola, Bocas del Toro, a orillas del Mar Caribe, que se saldaron con dos muertos y 185 heridos, según el Gobierno, llevaron a Martinelli y un grupo de sus ministros a visitar ayer esa población y reunirse con sus líderes, según explicaron portavoces oficiales a periodistas.

Además de reiterar el ``mea culpa'' de días pasados, Martinelli enfatizó que él es el único responsable ``por ser el Presidente de la República'' y enfatizó: ``esto nunca debió suceder''.

Ofreció ayuda a las familias de los dos trabajadores bananeros muertos en los enfrentamientos, caídos por disparos de perdigones de la policía según se ha reconocido oficialmente, e indemnizaciones y jubilaciones a los 67 indígenas impactados con esta misma munición en sus ojos por agentes del orden.

``Indudablemente los enfrentamientos, los heridos y las muertes nunca debieron ocurrir, todos tenemos algún nivel de responsabilidad en ellos; asumo la mía, no soy perfecto, pero tengo la valentía de reconocer mis equivocaciones y de hacer las acciones necesarias para corregirlas'', sostuvo el mandatario en una declaración de hoy.

El inicio de un programa de construcción masivo de viviendas, el adelanto del pago de la beca universal a los escolares en Changuinola y la construcción de un Centro de Atención Primaria de Salud Interactivo (MINSA-CAPSI), en esta área de Bocas del Toro, también figuran entre los proyectos anunciados, por más de cien millones de dólares.

Mientras tanto, en la capital panameña, la plataforma multisectorial que también rechaza la ley 30, conocida como ``ley chorizo'' porque incluye nueve temas distintos bajo el título de desarrollo de la aviación comercial, declaró que no es suficiente lo enunciado por el Gobierno.

El Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales anunció que convocará otra huelga de 24 horas en agosto si el Gobierno no deroga la ley 30, que modifica el derecho a huelga y la afiliación sindical, entre otros cambios.