El presidente Rafael Correa advirtió el domingo que aplicará la denominada ``muerte cruzada'', que permite la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones, si la oposición sigue obstruyendo proyectos de ley impulsados por el ejecutivo.

``Si la Asamblea Nacional continúa bloqueada por maniobras inescrupulosas... no excluimos la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período'' como lo estipula el artículo 148 de la Constitución, manifestó el mandatario en un acto oficial.

El incumplimiento de los plazos para la aprobación, negación o modificación de un proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos, desbordó la tensión entre los dos poderes del Estado.

La Asamblea debía pronunciarse antes de la media noche del domingo y al no haber cumplido los plazos establecidos en la ley convocó una sesión de última hora que fue desconocida por el ejecutivo, que anticipó que la normativa entrará en vigencia desde el lunes.

Correa acusó a la oposición de generar incidentes en el congreso que obligaron a suspender las sesiones donde debían debatirse las reformas a la ley de hidrocarburos que implican ``la transferencia de miles de millones de dólares de las transnacionales petroleras'' al estado ecuatoriano.

Agregó que con la ley ``se intenta poner las reglas claras'' al establecer como modelo único contractual el de servicios prestados, en el que el Estado mantiene la propiedad de la totalidad del crudo y paga a las compañías por trabajo realizado. En los contratos anteriores se establecía que el petróleo extraído se repartía entre el Estado y las petroleras privadas.

Según el mandatario, con la modificación el país obtendrá el 80 por ciento de la renta petrolera.

Reiteró que la normativa entrará en vigencia por el ministerio de la ley y ``cualquier otra cosa es sencillamente ilegal'', en alusión a la convocatoria a la sesión legislativa del domingo.

René Ortiz, ex secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y ex presidente de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, dijo que el anuncio es una muestra de ``autoritarismo'', que alejará la inversión extranjera y agregó que es una ``terrible señal de inestabilidad'' política y jurídica.