Pese a sufrir algunas heridas en su cabeza el camarógrafo Alejandro Hernández del canal Televisa, logró sobrevivir junto a otros tres periodistas, a un inédito secuestro de comunicadores a manos del narcotráfico en México.

Este secuestro encendió el alerta en uno de los países más peligrosos para la prensa, al tiempo que revela un intento de los cárteles por dictar la línea editorial de la prensa, en virtud de que los captores condicionaron la liberación a la difusión de tres videos del narcotráfico.

El Comité de Protección a los Periodistas (CPP), con sede en Nueva York, asegura que más de 30 comunicadores han sido asesinados o desaparecidos en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó un operativo contra el narcotráfico con más de 50,000 militares, en diciembre del 2006.

Desde entonces, la violencia ligada al crimen organizado deja más de 25,000 muertos, mientras varios reporteros han renunciado a la profesión por amenazas o ataques.

Una misión conjunta de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) estará este mes en México para investigar las amenazas a la libertad de expresión.

El secuestro de los cuatro comunicadores, ocurrido el 26 de junio en el estado de Durango (norte), se resolvió el sábado con un operativo de la Policía en la casa donde quedaban retenidos dos camarógrafos. Dos periodistas habían sido soltados antes por los captores, ninguno de los cuales fue detenido.

Pero no todos los secuestros de periodistas se resuelven de forma tan rápida o afortunada.

``Los periodistas son desaparecidos o muertos por sicarios a sueldo de barones del crimen, mientras sus socios: alcaldes, gobernadores, legisladores o gobernantes en general, hacen todo para que nadie investigue nada'', escribió el columnista Ricardo Alemán en El Universal.

Pese a que México cuenta con un fiscal especializado para investigar los ataques contra los periodistas, su desempeño ha sido cuestionado. El fiscal, Gustavo Salas, rechazó una solicitud de entrevista de la AFP.

Una iniciativa del Congreso para que las autoridades federales investiguen estos crímenes también está estancada.

``Hay evidente falta de voluntad política cuando el Congreso y el Ejecutivo deberían darle prioridad. Es una crisis muy seria'', comentó Carlos Lauria, del CPP.