El comandante en jefe de la Armada, almirante Oscar Debali, renunció a su cargo, en medio del escándalo que sacude a la fuerza de mar por presunta corrupción, confirmó el martes el ministerio de Defensa.

Debali, en el cargo hace un par de años, presentó su renuncia la noche del lunes y el ministerio de Defensa la aceptó y designará interinamente un nuevo comandante.

La oficina de prensa del ministerio confirmó que la renuncia fue motivada por el procesamiento del teniente de navío, de la reserva naval, Ernesto Menafra, sobrino de Debali, acusado de peculado con tarjetas de la telefonía celular de la fuerza.

Sin embargo, la posición de Debali ya estaba debilitada por investigaciones sobre una serie de episodios irregulares en la administración de los dineros de la armada, que ya causaron el procesamiento y detención preventiva del capitán de navío Alfredo Bacqué, que era director financiero contable del ministerio de Defensa.

Bacqué fue procesado por la jueza anticorrupción Graciela Gatti por el delito de fraude, debido a maniobras realizadas a través de libretas para adquirir combustible y cuyo monto llega a unos $370,000.

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo que tiene ``catorce denuncias nuevas'' de presuntos episodios irregulares.

Las investigaciones comenzaron a partir de una denuncia anónima recibida por la jueza Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, a partir de la cual salieron a la luz situaciones irregulares que van desde la compra a través de empresas fantasmas de equipamiento, como una grúa y un banco de pruebas de motores, por unos $600,000, hasta manejos oscuros con dineros pagados por Naciones Unidas por misiones de paz en que participan militares uruguayos.

Se desconocen detalles de las nuevas denuncias anticipadas por Rosadilla.

Rosadilla dijo al diario oficialista La República que ``yo laburo (trabajo) y asumo la responsabilidad de la acción''

``Laburo y no tengo miedo'', agregó, al parecer aludiendo a supuestas llamadas telefónicas que habría recibido, exigiéndole que ponga fin a las investigaciones de corrupción. ``Vamos a llegar hasta donde sea'', afirmó, y dijo que informó de la situación al presidente José Mujica.

Rosadilla y Mujica fueron miembros de la organización subversiva Tupamaros, que se alzó en armas contra gobiernos democráticos desde mediados de los años sesenta y fue derrotada por las fuerzas armadas hacia 1972.

En 1973, los militares dieron un golpe de estado que instaló una dictadura hasta 1985. Una decena de uniformados están presos por violaciones a los derechos humanos durante la sangrienta represión.