La Justicia y el Congreso son los ámbitos en que se definirá el futuro de la mayor proveedora de papel para la prensa, motivo de una enconada disputa entre el gobierno y dos importantes diarios, que el miércoles volvieron a negar haberse apropiado ilegalmente de laempresa durante la última dictadura.

La presidenta Cristina Fernández ha acusado a La Nación y Clarín, los dos principales diarios, de haberse adueñado de la empresa Papel Prensa con la complicidad del cruento régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983.

Está por verse si prosperará en los tribunales una denuncia que piensa presentar el gobierno contra los dueños de ambos diarios, accionistas mayoritarios en Papel Prensa.

El miércoles las imputaciones oficialistas fueron refutadas por nuevos testimonios de allegados alos ex propietarios de la compañía.

Papel Prensa, que abastece a más de 170 diarios en todo el país, pertenecía al banquero David Graiver, vinculado al grupo guerrillero Montoneros, y fue vendida a La Nación, Clarín y La Razón, que quebró en el año 2000, varios meses después de que el empresario muriera en un accidente aéreo.

Según denunció el gobierno en un informe presentado el martes por Fernández, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y otros familiares, ``actuaron bajo amenaza'' al ceder las acciones a los tres diarios. La versión oficialista es que fueron ``apremios ilegales, secuestros y torturas''.

José Ignacio López, portavoz de La Nación, puso en duda que prospere la denuncia que presentará el gobierno.

Afirmó a Radio El Mundo que el caso ``pasó por la Cámara federal, que juzgó a las juntas militares [tras el regreso de la democracia en 1983] y en esos estrados nunca, ningún miembro de la familia Graiver formuló ningún reclamo''.

En tanto, el ex juez y diputado opositor Ricardo Gil Lavedra señaló a La Nación que ``en ninguna de las causas penales que se tramitaron los Graiver dijeron haber actuado bajo presión de los militares y de los diarios para vender Papel Prensa''.

El Departamento de Estado estadounidense señaló que el gobierno del presidente Barack Obama ``sigue de cerca los acontecimientos'' en Argentina sobre el asunto, e indicó que el tema ``forma parte de las conversacionesbilaterales''.

El gobierno ``se preocupa de la libertad de prensa en todo el mundo. Ciertamente, hay un fuerte debate que está teniendo lugar en estos momentos en Argentina'', dijo el portavoz del Departamento, Mark Toner, a periodistas de ese país.

Testimonios de familiares de David Graiver difundidos el miércoles refutaron las acusaciones oficialistas, basadas en denuncias de Lidia Papaleo. Isidoro Graiver, hermano del financiero, afirmó en una declaración notarial publicada por los dos diarios que no hubo delito alguno en la compra- venta de Papel Prensa y que él llevó personalmente las negociaciones.

La familia de David Graiver ``gozaba para esa fecha de total libertad para realizar la operación'', señaló. Agregó que las amenazas que el grupo empresarial recibió fueron, en realidad, de Montoneros, que reclamaba la devolución de $17 millones que le habían confiado al financiero.

También recalcó que ``los diarios adquirentes (...) ayudaron a paliar en parte la situación de angustia económica por la que pasábamos''.

En tanto, la hija de David Graiver, María Sol Graiver, dijo en otra declaración publicada por Clarín que no tuvo ni tiene ``nada que reclamar'' sobre la operación.

El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó las afirmaciones.

``La hija de David Graiver [en 1976, cuando se realizó la operación de compra-venta] tenía dos años, con lo cual, del tema no puede conocer absolutamente nada'', afirmó a radio La Red.

Además atribuyó la declaración de Isidoro Graiver a un conflicto familiar.

El gobierno quiere que la papelera pase a ser una compañía sin fines de lucro, con el argumento de que especialmente Clarín, el accionista mayoritario y con el cual mantiene un duro enfrentamiento desde hace dos años, monopoliza la producción y los precios del papel.