El Gobierno japonés abrió sus cámaras de ejecución por primera vez el viernes, con un recorrido para periodistas por las principales horcas de Tokio. El interior es austero: una trampilla, una estatua de Buda y una argolla para la soga.

La apertura de las cámaras fue in intento de la ministra de Justicia de Japón, Keiko Chiba, para generar el debate sobre una práctica ampliamente apoyada en el país.

Del grupo de ocho países industrializados, sólo Estados Unidos y Japón tienen pena de muerte. Actualmente, hay 107 internos en el corredor de la muerte en Japón, y no se permiten los perdones.

Del 2000 al 2009, se sentenció a 112 personas a muerte y se ejecutó a 46.

``Hice un llamado a una revelación apropiada con la esperanza de impulsar el debate sobre la pena de muerte y las sentencias penales'', manifestó Chiba, quien se opone a la pena capital, en rueda de prensa este mes.

En julio, Chiba aprobó --y presenció-- el ahorcamiento de dos presos sentenciados por asesinato, diciendo que cumplía con sus funciones como ministra de Justicia.

Después, señaló que aún se opone a la pena de muerte y ordenó que se llevara a periodistas en una visita guiada por las instalaciones. También prometió integrar un panel de expertos para discutir el castigo, incluido si debería detenerse.

La primera reunión será el mes entrante.

Activistas por los derechos humanos han criticado desde hace mucho a Japón por su sistema para aplicar la pena de muerte. El Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que monitorea los derechos civiles y políticos, ha exhortado a Japón a considerar la abolición de la pena de muerte, mencionando la gran cantidad de delitos que conllevan dicha sentencia, la falta de perdón, el confinamiento en solitario y las ejecuciones a edades avanzadas y a pesar de enfermedades mentales.

Japón también tiene un índice de 99 por ciento de condenas, una cantidad que los críticos atribuyen al uso generalizado de las confesiones forzadas. Ha surgido en los últimos meses una serie de condenas falsas, incluida la de un hombre de 63 años, quien había cumplido 17 años de una condena de por vida por el asesinato de una niña de cuatro años. Lo liberaron después de que los fiscales admitieron que su confesión fue una fabricación hecha bajo coacción y que las pruebas de ADN mostraron que era inocente.

Los críticos dicen que existe una alta posibilidad de que sean inocentes algunos de los que están en el pabellón de la muerte.

A los internos no se les dice cuándo serán ejecutados sino hasta el último minuto --un procedimiento que funcionarios japoneses dicen que previene el pánico entre ellos--, y no se informa a la familia, los abogados y los medios informativos sino hasta después.

Los internos pueden permanecer hasta 40 años en el pabellón de la muerte, aunque las ejecuciones en la última década han ocurrido en promedio tras unos cinco años y 11 meses, según el canal público NHK.