Un tribunal condenó administrativamente al Estado colombiano por ``las fallas'' cometidas por la policía y que desembocaron en un atentado de las FARC que les costó la vida a 10 civiles y heridas a 70, se informó el jueves.

El fallo dispone que el Estado pague al menos $700,000 a parientes de las víctimas.

La madrugada del 7 abril del 2002 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia accionaron un artefacto explosivo de bajo poder en la ciudad de Villavicencio, a unos 75 km al sureste de Bogotá.

Ese petardo no dejó víctimas, pero cuando la policía acudió al sitio de la explosión fue activado entonces un carro-bomba que les causó la muerte a 10 personas, entre ellos cinco menores de edad.

En una decisión adoptada el pasado 30 julio, pero que sólo hasta esta semana les fue notificada a las partes, la jueza Gladys Pulido consideró que ``con el actuar legítimo de la policía nacional de hacer presencia en los lugares donde se perturbe la convivencia pacífica, se creó un riesgo excepcional para la población civil que se encontraba en el sector'' de los dos atentados.

Ese ``riesgo excepcional'' se produjo ``por cuanto al usarse un artefacto explosivo de pequeño poder como señuelo para llamar la atención de la fuerza pública'', los civiles ``tuvieron que soportar las consecuencias de una segunda carga explosiva de mayor intensidad'', sostuvo la jueza en su fallo.